Los trabajadores sociales sanitarios, como otras muchas profesiones, están acostumbrados a tener que trabajar en condiciones de precariedad absoluta.
Durante la pandemia de la COVID-19 nos estamos acostumbrando al uso de un lenguaje bélico. Lo importante para el análisis es conocer las condiciones en las que esa guerra se está produciendo, así como sus efectos en las postguerras. Hay pronósticos que nos recuerdan situaciones «dejà vu»: pobreza, precariedad, enfermedad. También nos evoca la supervivencia casi milagrosa que muchas familias pasaron para remontar la devastación. Imaginación, creatividad, apoyo familiar, mutualismo fueron algunas de las fórmulas que surgieron para salir del desastre que no provocaron, sino del que fueron víctimas.
Las noticias que nos llegan nos pintan un panorama bastante desolador: profesionales que se enfrentan a los efectos de una pandemia que se extiende en progresión geométrica sin la protección necesaria, poniendo en riesgo sus propias vidas y poniendo en riesgo a la vez a la población con la que intervienen. ¿Es legítimo desempeñar unas funciones profesionales en condiciones de riesgo, sin protección ni seguridad, siendo potenciales transmisores de la enfermedad que pretenden atajar? Desde el punto de vista deontológico ¿se pueden dar respuestas a este dilema?
No soy un experto en estas materias, pero podemos plantear alguna reflexión que ayude a ubicarnos en este escenario. Es bastante frecuente que los trabajadores sociales de los servicios y los trabajadores sociales sanitarios en el sistema sanitario se enfoquen en las respuestas a las situaciones a las que se enfrentan, buscando recursos, remedios en unos casos, o interviniendo con los pacientes tras los análisis de los diagnósticos sociales sanitarios pertinentes, en los que se recogen y analizan todas las condiciones y situaciones sociofamiliares, culturales, etc. de los pacientes. Me atrevo a decir que esto es intervenir sobre efectos, sobre situaciones que nos vienen dadas. Pero hay otra mirada que a veces se olvida: analizar cuáles son las causas que generan estas situaciones, con el fin de actuar sobre ellas. Y en este análisis se pueden emprender acciones diversas: desarrollar actuaciones con carácter preventivo para evitar que se produzcan determinados efectos, pero también denunciando las causas políticas, los enfoques que producen o contribuyen a producir algunos efectos.
Con motivo del incremento de muertes de personas mayores en las residencias durante la expansión del coronavirus, se han puesto de manifiesto los perversos efectos de determinadas políticas neoliberales: los recortes económicos en servicios básicos como la sanidad, la educación, la investigación, los servicios sociales, etcétera. Las políticas de privatización de no para mejor la gestión, las evidencias estos días son contundentes, sino para lucro exclusivo de algunos emprendedores que obvian lo humano del negocio, está poniendo de manifiesto la perversión de algunas políticas alejadas de la protección de los derechos ciudadanos. Una función profesional, basada en el análisis de datos, consiste en denunciar estás malas prácticas y exigir cambios en los enfoques de las políticas públicas. Está de sobra demostrado la alta correlación que existe entre las políticas que niegan o rebajan el papel de garante y protector de derechos y de bienestar que le corresponde al Estado y la carencia de servicios, el incremento de la pobreza o la aparición de enfermedades. El informe que el Defensor del Pueblo acaba de presentar analizando las políticas de atención a las personas mayores en las residencias puede ser un punto de referencia.
Desde el punto de vista deontológico la denuncia de estas situaciones, basada en informes profesionales técnicos, es una obligación profesional; denuncia que debe ir también contra un lenguaje que oculta la realidad. Hablar por ejemplo del «techo terapéutico» para referirse al incremento de muertes de personas mayores es simplemente una forma de pretender ocultar que se discrimina a la población por razón de edad, negando aplicar determinadas terapias porque hay otros colectivos más idóneos. Traducido al lenguaje común quiere decir «como eres muy mayor no podemos invertir tiempo ni terapias contigo porque tu misión en la tierra ya está cumplida». Mírese por donde se mire además de lo indecente e inmoral de esta expresión es negar un derecho. No sé si esto se asimila a… en fin, todos tenemos la palabra en la cabeza… pero esto parece. Lo más paradójico es que esta decisión la han tenido que ejecutar los profesionales.
Hay muchos estudios sobre los malos tratos en personas mayores y están identificados los escenarios en los que se producen: el entorno familiar, el entorno residencial o de las instituciones y el entorno político y social.
No podemos hablar de maltrato cuando algunas familias se han visto obligadas a llevar a sus mayores a una residencia por entender que las condiciones de cuidados y de atención sociosanitaria van a ser cualitativamente mejores y más garantistas que la atención familiar. Las muertes que la pandemia ha causado en las residencias no invalida esta opción, sino que ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema y la otra cara del maltrato. La privatización, la organización de las residencias como empresas lucrativas, trae como consecuencia un cambio en el orden de las prioridades y de los principios, haciendo que prevalezca el interés económico sobre la atención a los pacientes, en lugar de ser recursos donde recibir el apoyo y cuidado integral, la atención centrada en la persona, garantizando los derechos de las personas.
Desde el trabajo social sanitario se pone el énfasis en la necesidad de basar la intervención en el diagnóstico social sanitario y en la gestión de caso. Para realizar un buen diagnóstico es necesario comprender y analizar los factores sociales, familiares, políticos, organizativos o institucionales que explican la situación del paciente y contribuyen a que la intervención obtenga los efectos deseados; no se puede realizar un diagnóstico social sanitario adecuado si se tienen de entrada determinadas limitaciones.
No sé cuál puede ser la contribución a los estudios científicos que el trabajo social sanitario puede realizar en el ámbito de la enfermedad, de su evolución, origen, mutación o propagación. Probablemente en este ámbito no es mucho lo que se pueda aportar, pero sí en diseñar actuaciones, basadas en los estudios epidemiológicos que identifican cuáles son los puntos débiles de la propagación de la enfermedad para poder intervenir con carácter preventivo, por un lado, y para garantizar los derechos de los grupos más vulnerables.
Hoy sabemos que las condiciones de pobreza tienen efectos directos en la salud/enfermedad. Los estudios sociales indican que los efectos económicos de la pandemia van a generar una sociedad de alto riesgo con elevados niveles de pobreza y de pobres, por lo que habrá que estar prevenidos tanto desde el punto de vista social y laboral, como desde el punto de vista de la salud. La pobreza no es solamente una situación económica, es también una enfermedad en el estricto sentido del término. Por ello se deberá pensar cuál es el papel de los servicios sociales y del trabajo social sanitario. No actuar es una opción; intervenir sin garantías es un riesgo que hay que evitar por responsabilidad ética. Promover acciones de solidaridad, ayuda mutua, voluntariado es el campo de la ciudadanía, pero como profesionales es preciso aportar una visión diferente y ejercer un rol basado en los principios y derechos que definen los límites. Ejercer el trabajo social sea el ámbito que sea es asumir una actitud agónica, de lucha, de búsqueda, moviéndose en una situación de turbulencias, inseguridad y de difícil control. Este es el reto y lo que se espera de esta profesión.
Trigueros del Valle, 1 de junio de 2020 – J. Daniel Rueda Estrada
